Tecnología, energía y gobernanza para un nuevo modelo urbano

Naciones Unidas mantiene que la urbanización es uno de los rasgos estructurales del siglo XXI. En su revisión 2025 de World Urbanization Prospects, la unidad técnica de la División de Población de la ONU actualiza las proyecciones y los datos comparables sobre crecimiento urbano hasta 2050. Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía recuerda que las ciudades concentran ya una parte decisiva del consumo energético y de las emisiones globales, lo que convierte la gestión urbana en una pieza central de la transición climática. En otras palabras, la smart city o ciudad inteligente no es un complemento de la política pública, sino uno de sus escenarios principales.

Texto: Luis Tejedor

El imparable proceso de urbanización constituye uno de los rasgos estructurales del siglo XXI. Según los World Urbanization Prospects de Naciones Unidas, se estima que en 2050 cerca del 68 % de la población mundial  residirá en áreas urbanas, lo que aumentará significativamente la demanda de infraestructuras, energía, vivienda y servicios básicos. Al mismo tiempo, la transición climática redefine el papel de las ciudades. Un ejemplo es la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 del Gobierno de España, que fija una reducción aproximada del 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática. En este contexto, la ciudad inteligente deja de ser una etiqueta tecnológica para convertirse en un instrumento de política pública. La Comisión Europea la define como un entorno en el que las redes y servicios tradicionales se vuelven más eficientes mediante el uso de soluciones digitales en beneficio de ciudadanos y empresas. En España, la serie de normas UNE 178 la concibe como una visión integral orientada a mejorar la calidad de vida y favorecer un desarrollo sostenible basado en la mejora continua.

Decisiones apoyadas en datos

Aunque la infraestructura tecnológica de la ciudad inteligente se sustenta en sensores, conectividad de alta capacidad y plataformas de análisis que permiten observar el funcionamiento urbano en tiempo real, la tecnología adquiere más valor cuando se convierte en criterio de decisión.

Un informe del McKinsey Global Institute estimó que determinadas aplicaciones digitales urbanas podrían mejorar entre un 10 % y un 30 % algunos indicadores de calidad de vida. Estas mejoras dependen de la integración efectiva de las soluciones tecnológicas en la gestión urbana y de la existencia de una gobernanza que permita aprovechar los datos para optimizar servicios como la movilidad, la seguridad y la respuesta ante emergencias.

Más allá del catálogo tecnológico, resulta fundamental identificar qué soluciones aportan valor real y qué barreras persisten al integrar sistemas complejos. Almirall destaca  que «el ámbito de las smart cities incluye desarrollos muy diversos que han surgido a lo largo del tiempo. Un ejemplo es la plataforma City Brain, implantada en algunas ciudades asiáticas, que integra sistemas de monitorización del tráfico, contaminación y seguridad, y permite detectar incidencias –como accidentes en autopistas– de forma automática, coordinando la res - puesta mediante sistemas de inteligencia artificial ». En su opinión, «las principales líneas de avance se sitúan hoy en la movilidad autónoma y la inteligencia artificial aplicada a los servicios urbanos. Vehículos sin conduc - tor, robotaxis y drones de reparto podrían transformar el transporte urbano y reducir costes, mientras que la IA generativa empieza a agilizar la atención al ciudada - no y a simplificar trámites administrativos».

Energía y seguridad

El ámbito energético concentra buena parte de la transformación urbana. La creciente electrificación y la integración de energías renovables están modifi - cando la arquitectura de los sistemas urbanos y obli - gan a incorporar herramientas digitales para gestionar la demanda, las redes y los servicios asociados. En Es - paña, iniciativas impulsadas por Red.es han promo - vido proyectos de digitalización en entidades locales dentro del programa Ciudades y Territorios Inteli - gentes, que desde 2014 ha financiado 61 proyectos y movilizado más de doscientos millones de euros hacia soluciones smart, dentro de una iniciativa con medidas valoradas en 244,97 millones.

Para los municipios, garantizar la estabilidad del suministro y la coordinación técnica se ha convertido en una exigencia permanente No obstante, la interconexión de redes introduce nuevas vulnerabilidades. La European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) advierte que los sistemas energéticos forman parte de un ecosistema cada vez más interdependiente de infraestructuras críticas. Por ello, la agencia subraya la necesidad de reforzar la ciberseguridad en redes eléctricas, sistemas industriales y plataformas digitales que sostienen el funcionamiento de las ciudades inteligentes.

La defensa frente a ciberamenazas constituye uno de los principales desafíos de las ciudades actuales. Aunque De la Uz enfatiza que «la RECI ha establecido una línea de trabajo destinada a la ciberseguridad para apoyar a las smart cities», Almirall adopta un enfoque más amplio, señalando que «son cuestiones que habría que reorganizar. Pretender que las ciudades o incluso las regiones gestionen esto por sí mismas es poco realista. Si un país ya tiene dificultades, imaginemos una ciudad. Simplemente no se podría asumir el coste».

Una ciudad para vivir

La ciudad inteligente se materializa también en la escala física del entorno construido. La incorporación de sistemas de gestión energética en edificios y la mejora del rendimiento constructivo reflejan esta evolución. La industrialización de la vivienda, mediante módulos fabricados en serie y ensamblados in situ, ofrece una vía para reducir plazos y costes, mejorar la trazabilidad constructiva e incorporar estándares energéticos elevados desde la fase de diseño. Este modelo facilita, además, la integración posterior en plataformas urbanas digitales y sistemas de monitorización energética.

Los edificios son especialmente relevantes en el ecosistema urbano porque concentran cerca del 40 % del consumo energético final en Europa y más de un tercio de las emisiones ligadas a la energía, lo que explica el peso creciente de la automatización, la electrificación y la gestión inteligente de la demanda energética en las políticas urbanas contemporáneas y de descarbonización. La Comisión Europea impulsa el Smart Readiness Indicator (SRI), un esquema de evaluación que mide la capacidad de un inmueble para utilizar tecnologías inteligentes y responder a las necesidades del ocupante y de la red.

La buena gobernanza

Más allá de las innovaciones tecno - lógicas, la dimensión institucional condiciona el éxito del modelo de ciudad inteligente. Sin estructuras administrativas capaces de integrar innovación, financiación y talento especializado, la tecnología pierde coherencia.

El Plan de Recuperación, Trans - formación y Resiliencia (PRTR) impulsa la digitalización y la mo - dernización de los servicios públi - cos en España, apoyando proyec - tos de conectividad, datos urbanos e infraestructuras 5G que pueden mejorar la gestión de la movilidad, la energía y otros servicios urbanos. Sin embargo, disponer de fondos no exime de una planificación estratégica y una evaluación rigurosa de resultados, esenciales para que las iniciativas tengan un impacto real y sostenible en las ciudades.

La coordinación entre niveles de gobierno y la colaboración público-privada se han convertido en elementos centrales. La interoperabilidad técnica debe ir acompañada de interoperabilidad institucional. Almirall lamenta la actividad regulatoria de las administraciones, al señalar que «especialmente en Estados Unidos y Europa, muchos ámbitos, como el energético, dependen de distintas entidades, organizaciones y agencias que a menudo están desconectadas y persiguen intereses distintos. Esta maraña regulatoria no se da de la misma manera en países como China o Japón, donde existe un organismo central que coordina estas cuestiones y facilita considerablemente la planificación».

González Rabanal destaca la necesidad de financiación sostenida para garantizar la transformación estructural de las ciudades: «el avance científico y la innovación siempre requieren instrumentos de financiación mantenidos en el tiempo. Por ello, resulta determinante decidir un modelo estructural a largo plazo para este tipo de inversiones. La financiación no es solo cuestión de importe, sino también de eficiencia en el gasto y de diseño de los instrumentos que permitan una transformación estructural y sostenida». Además, añade que «el informe del Tribunal de Cuentas Europeo de 2023 sobre las ciudades inteligentes remarca que, aunque exista financiación, la fragmentación de los recursos dificulta su escalado y evidencia la presencia de demasiadas fuentes con poca capacidad de integración presupuestaria y técnica».

Respecto a la evaluación de los resultados, González Rabanal subraya que «al medir los efectos de la asignación presupuestaria en el desarrollo de ciudades inteligentes, no se trata únicamente de calcular el retorno de la inversión, sino también de analizar el impacto en términos de cambios positivos o negativos derivados de las actividades financiadas. Entre los beneficios se incluyen mejoras en la calidad de vida, reducción de emisiones de CO₂, mayor cohesión social y bienestar general, etc.».

El objetivo es que las ciudades inteligentes mejoren de manera tangible el día a día de sus habitantes. Almirall recuerda con pragmatismo que «en el sur de Europa hemos pasado bastante tiempo centrados en la sostenibilidad, lo cual es positivo, sin duda. Pero al mismo tiempo hemos descuidado factores como la eficiencia en los servicios públicos. Servicios privados como los de Amazon toman decisiones en milisegundos, mientras que en algunos servicios públicos las decisiones técnicas pueden tardar años, sin que se comprenda la razón. Esto debería incluirse en los indicadores. La sociedad necesita que los servicios públicos sean eficientes y resuelvan problemas de manera ágil». En su opinión, una administración ineficiente genera costes enormes para sus ciudadanos y reduce su calidad de vida. La asignatura pendiente es lograr administraciones eficientes y medir cómo están atendidos los ciudadanos y con qué rapidez. Si algún día conseguimos eso, daremos paso a otra visión de país»