Febrero de 2022. Por primera vez en la historia moderna, una central nuclear fue atacada y ocupada como objetivo por una fuerza militar extranjera. La central ucraniana Zaporiyia, la mayor de Europa, es ocupada militarmente y sufre numerosas pérdidas de suministro eléctrico, daños en infraestructuras esenciales y episodios de ataque. Nunca antes una instalación diseñada para operar bajo estrictos márgenes de seguridad civil había sido sometida a presiones bélicas de esta magnitud.

Texto: Pablo Santamaría

Hasta entonces, precedentes como el ataque israelí al reactor sirio de Osirak (1981), el iraquí sobre la central iraní en construcción en Bushehr (1987) o los incidentes en la de Krško durante la guerra de Eslovenia (1991), habían sido operaciones bélicas puntuales y de corta duración. La situación en Zaporiyia, en cambio, ilustró cómo una infraestructura nuclear civil pasó a convertirse en desafortunada pieza de un tablero de juego militar. Tras el comienzo del conflicto en Ucrania en febrero de 2022, dos instalaciones nucleares quedaron bajo control de las fuerzas armadas rusas: el emplazamiento de la accidentada central nuclear Chernóbil (temporalmente) y, desde el 4 de marzo de 2022, la central nuclear de Zaporiyia (ZNPP). Por primera vez, una central con seis reactores comerciales se encuentra sin capacidad plena de cumplir con los compromisos de seguridad nuclear que emanan de la Convención sobre seguridad nuclear y de la Convención Conjunta de seguridad del combustible gastado y de la seguridad de la gestión de los residuos radiactivos. Aunque la situación dista de ser ideal, la central nuclear sigue cumpliendo la normativa emitida por un regulador nuclear y, además, su funcionamiento es monitorizado por una misión de un organismo internacional como el OIEA.

Alejandro Zurita, exjefe de Seguridad Nuclear de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), alerta sobre la precaria situación en la que se encuentra la central. Desde su ocupación, y aunque los componentes esenciales de la central no han sufrido ataques directos significativos, sus sistemas de suministro o sistemas auxiliares han sido escenario de explosiones, fuego de artillería y ataques con drones, lo que ha provocado numerosas pérdidas completas del suministro eléctrico exterior –momentos en los que pasó a depender exclusivamente de sus generadores de emergencia–. Además, tras la destrucción de la presa de Kajovka, en junio de 2023, sustenta la refrigeración de combustibles de forma precaria por medio de once pozos perforados en su emplazamiento. El cambio de control sobre la central ha alterado profundamente las condiciones del personal y de funcionamiento y regulación. Muchos supervisores de turno y mandos con licencia ucraniana abandonaron el emplazamiento y otros, para poder continuar, debieron firmar contratos con la estatal rusa Rosatom y, posteriormente, adquirir la nacionalidad rusa. La supervisión reguladora pasó a depender del organismo ruso Rostekhnadzor (Servicio Federal de Supervisión Ambiental, Tecnológica y Nuclear), que ha ido licenciando operadores, mientras se reducía la plantilla global de la central. La empresa estatal Rosatom tuvo que formar nuevo personal, al tiempo que se sustituían proveedores ucranianos por suministradores rusos para mantener, siquiera parcialmente, los programas de mantenimiento.

Aunque todos los reactores de Zaporiyia, salvo uno (que se mantiene en parada caliente para proporcionar vapor para el calentamiento de sistemas y el suministro de calefacción), permanecen en estado de parada fría desde septiembre de 2022, el riesgo de accidente, según Zurita, no ha desaparecido. «El combustible irradiado sigue generando calor residual y necesita sistemas de refrigeración y alimentación eléctrica fiables», afirma. Convencido de que un accidente de reactividad tipo Chernóbil es físicamente imposible en el estado actual de la central, considera que una pérdida prolongada de refrigeración podría llevar a la fusión de combustibles con liberación de productos radioactivos y, en el peor de los casos, un posible impacto transfronterizo. Se trataría, cualitativamente, de un escenario comparable al de Fukushima, aunque atenuado por la menor potencia residual térmica acumulada tras más de tres años con los reactores parados.

En este sentido, Zurita argumenta que «los hechos de los últimos años en el actual contexto internacional de crisis están normalizando peligrosamente la implicación de instalaciones nucleares civiles en conflictos armados. Esto indica que no estarían exentas del riesgo de sufrir ataques en escenarios bélicos. En el marco de un conflicto híbrido global entre bloques, se podrían aplicar planes hostiles contra instalaciones nucleares».

Siete pilares y cinco principios

Ante un contexto sin precedentes, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reaccionó, el mismo mes de marzo de 2022, definiendo un marco de referencia claro: siete pilares imprescindibles para garantizar la seguridad nuclear tecnológica y física durante situaciones de guerra, además del establecimiento urgente de una zona de protección desmilitarizada alrededor de ZNPP. Estos pilares permiten evaluar con eficiencia los aspectos más importantes que deben mantenerse para el funcionamiento seguro de las instalaciones nucleares ucranianas.

En relación con los indicadores que permiten detectar una pérdida de márgenes de seguridad —ya sea en recursos humanos, repuestos, comunicación o suministro eléctrico—, Pedro Lardiez, jefe de área de Seguridad Física en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y presidente del Comité de Orientación sobre Seguridad Física Nuclear, señala que «cualquier pérdida o deterioro de uno de los siete pilares imprescindibles supone una indicación de pérdida proporcional del correspondiente margen de seguridad».

En septiembre de 2022, tras la primera misión del OIEA en ZNPP para observar las condiciones bajo las que operaba, la agencia concluyó que parte de los siete pilares podrían verse comprometidos y estableció una rotación permanente de inspectores. 

Posteriormente, tras constatar la presencia de zonas de combate activas y el fracaso en la creación de una zona de protección, el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, inició conversaciones diplomáticas con funcionarios de alto nivel de distintos países, para culminar con la formulación de cinco principios básicos de protección, presentados en mayo de 2023 ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Desde su aprobación, los equipos del OIEA desplegados en Zaporiyia supervisan de forma continua que los cinco principios se respeten en todas las instalaciones para proteger al personal y asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas. Como señala Lardiez, «todas las líneas de decisión tanto en el entorno civil como en el de defensa deben ir orientadas a la consecución de estos principios». En definitiva, los pilares y principios elaborados para el caso de Ucrania sirven ahora como referencia mundial.

La presencia constante de inspectores del OIEA, además de aportar supervisión técnica en la central con pérdida de márgenes de seguridad, cumple una función de estabilización política: ayuda a clarificar la situación real de la central en un momento de acusaciones cruzadas y narrativas no verificadas. No obstante, la intervención de los inspectores sigue siendo parcial. Por ejemplo, no tienen acceso a determinadas zonas de las salas de turbinas, lo que limita su capacidad para confirmar plenamente la observancia de los cinco principios, en particular el que prohíbe utilizar la central como asentamiento para armamento pesado o personal militar. Además de esta restricción, como apunta Lardiez, «existen dudas, dado que no se ha podido verificar totalmente, de que el principio básico número dos se haya mantenido durante todo este tiempo».

Amenazas emergentes

Para Lardiez, «en el contexto de la seguridad física, todas las amenazas evolucionan constantemente, es algo intrínseco a la amenaza en sí misma». Si bien es cierto que en los últimos años ha aumentado la preocupación sobre las denominadas «amenazas emergentes», como vehículos aéreos no tripulados (UAV, según su sigla en inglés), ciberseguridad de instalaciones o el impacto del uso de inteligencia artificial, «el diseño de un sistema de seguridad física nuclear debe estar basado en todas aquellas amenazas que estén reflejadas en una amenaza base de diseño (ABD o DBT en inglés) constantemente actualizada». En el caso concreto de Zaporiyia, los ataques de UAV registrados desde 2023 y, en particular, los episodios de abril 2024 (OIEA, 2024), no dañaron directamente ninguno de los sistemas de seguridad de la central ZNPP, pero sí constituyeron, según Zurita, «una primera violación clara de los principios básicos» establecidos por el director general del OIEA ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al suponer un ataque deliberado al emplazamiento de la central aun cuando parte de los reactores permanecen temporalmente en parada fría. El problema, como advierte Zurita, no se limita al daño material: cada nuevo ataque aumenta la probabilidad de error humano, saturación del personal y, por lo tanto, se trata de una degradación acumulativa de los márgenes de seguridad.

En paralelo, la ciberseguridad se ha convertido en un eje central de la seguridad física. Pedro Lardiez explica cómo, en el modelo español, la ciberseguridad está plenamente integrada en los planes específicos de protección física de las instalaciones, y su evaluación se realiza de forma coordinada entre el Ministerio de Interior, el Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas y el Consejo de Seguridad Nuclear: «en la actualidad, el CSN está trabajando en la elaboración de un nuevo proyecto de Instrucción del que establecerá los criterios técnicos a los que han de responder los sistemas y programas de seguridad informática de este tipo de instalaciones».

En este sentido, la posición del OIEA adquiere una doble dimensión. Por un lado, ha reforzado su papel como monitor técnico en emplazamientos de alto riesgo: en Zaporiyia, la presencia continua de equipos del OIEA, en permanente rotación sobre el terreno desde septiembre de 2022, permite verificar –aunque parcialmente, debido a las restricciones impuestas– el cumplimiento de los siete pilares y los cinco principios básicos, así como informar al Consejo de Seguridad de la ONU sobre cualquier degradación significativa. Por otro lado, el organismo ha impulsado una revisión de su marco de orientaciones de seguridad física —motivada por la necesidad de actualizar dichas normas y aumentar su consistencia, coherencia y facilidad de manejo sin que, dentro de dichas normas, se esté considerando la publicación inmediata ni a medio plazo de alguna publicación específica relativa a la preservación de la seguridad física nuclear durante un conflicto armado— con la participación activa de todos los Comités de Normas del OIEA: el Comité de Estándares de Seguridad Nuclear (NUSSC), el Comité de Normas de Seguridad Radiológica (RASSC), el Comité de Normas de Seguridad para la Gestión de Residuos (WASSC), el Comité de Normas de Seguridad del Transporte (TRANSCC), el Comité de Normas de Preparación y Respuesta ante Emergencias (EPREsC) y el Comité de Orientaciones de Seguridad Física Nuclear (NSGC). 

Espacios de colaboración internacional

A pesar de los conflictos y rivalidades que hoy pueda atravesar el panorama internacional, la energía nuclear civil ha generado, a lo largo de décadas, espacios estables de colaboración entre países con intereses, sistemas políticos e incluso alianzas militares dispares. Estos marcos cooperativos no solo han permitido avances científicos y tecnológicos, sino que han funcionado también como instrumentos de confianza mutua que ayudan a mitigar riesgos de proliferación y reducir tensiones en contextos sensibles.

Un ejemplo de colaboración internacional es ITER, el gran proyecto de fusión nuclear. Integrado por la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China, Japón, India y Corea del Sur. ITER nació en 1985, en plena Guerra Fría, como una propuesta política impulsada por Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov. Desde entonces, el proyecto ha sobrevivido a cambios de régimen, sanciones económicas y crisis diplomáticas, manteniendo una cooperación técnica diaria entre países que, en otros ámbitos, compiten abiertamente.

En América Latina, el caso de la ABACC (Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares) constituye un ejemplo singular. Argentina y Brasil, antiguos rivales regionales con ambiciones nucleares propias, crearon en 1991 un sistema binacional de salvaguardias único en el mundo. A través de inspecciones conjuntas y verificación mutua, ambos países lograron transformar la desconfianza estratégica en cooperación institucionalizada, reduciendo de forma efectiva el riesgo de proliferación y reforzando la estabilidad regional.

En Europa, Euratom ha desempeñado un papel fundamental como marco supranacional de cooperación nuclear. Desde hace décadas, los Estados miembros comparten normas de seguridad nuclear, investigación conjunta, formación técnica y un sistema común de salvaguardias civiles. Euratom ha permitido armonizar criterios reguladores entre países con parques nucleares muy diferentes y ha facilitado la circulación de conocimiento y buenas prácticas en salvaguardias, seguridad radiológica y cooperación técnica.

A escala global, el Proyecto Internacional sobre Reactores Nucleares Innovadores y Ciclos del Combustible (INPRO, por sus siglas en inglés) del OIEA reúne a países con visiones divergentes sobre el futuro de la energía nuclear —incluidos Estados Unidos, Rusia, China y varios Estados europeos— para trabajar conjuntamente en reactores avanzados, ciclos de combustible sostenibles y gestión de residuos. Aunque sus resultados son principalmente analíticos y conceptuales, INPRO actúa como foro técnico donde se discuten soluciones comunes a desafíos compartidos, al margen de disputas geopolíticas. Otro instrumento de cooperación son las misiones Servicio Internacional de Asesoramiento sobre Protección Física (IPPAS, en inglés) del OIEA, en las que expertos internacionales evalúan los sistemas de protección física de un país anfitrión. En estas misiones participan especialistas de Estados aliados, neutrales o incluso con relaciones tensas, que colaboran bajo un marco técnico común. España, por ejemplo, ha participado tanto como país anfitrión como enviando expertos a otros Estados, reforzando la confianza y la transparencia internacional en materia de seguridad física nuclear.

Finalmente, la cooperación internacional en la gestión de residuos nucleares, como los proyectos conjuntos sobre repositorios geológicos profundos en países europeos, muestra que incluso los aspectos más sensibles del ciclo nuclear pueden abordarse mediante intercambio de conocimiento, experiencias reguladoras y desarrollo tecnológico compartido.

En conjunto, estos ejemplos muestran que, frente a tensiones o escenarios de conflicto, existen espacios consolidados donde la energía nuclear civil ha funcionado como puente y no como frontera. La lección es clara: cuando se dota a la cooperación nuclear de reglas claras y marcos institucionales sólidos, la ciencia y la tecnología pueden convertirse en herramientas eficaces para reducir riesgos, generar confianza y mantener abiertas vías de diálogo incluso en los contextos internacionales más complejos.