Apenas sin tiempo para tomar el pulso a su nuevo cargo como directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, Pilar Paneque tuvo que enfrentar el reto de poner en marcha un nuevo sistema de acreditación estatal para el profesorado universitario. Todo ello, con la dificultad añadida de no detener, en pleno cambio, el proceso de evaluaciones. El resultado, a pesar de la adversidad, ha satisfecho a la comunidad científica y universitaria.

Texto: Luis Tejedor

Tras poco más de un año al frente de ANECA, ¿qué balance puede hacer de su experiencia?

Está siendo muy positiva, aunque es cierto también que nada fácil. Mi nombramiento se produjo el 28 de febrero y, desde entonces, hemos tenido que enfrentar la entrada en vigor de la ley orgánica del sistema universitario, el 12 de abril, así como el mandato de poner en marcha un nuevo sistema de acreditación estatal del profesorado universitario, el 18 de julio. Ha sido la primera vez que ANECA ha asumido un reto de esta magnitud y felizmente hemos logrado responder. Al mismo tiempo, trabajamos en la mejora del resto de los programas de evaluación (sexenios, titulaciones, acreditación institucional de centros universitarios, evaluación de la docencia, sellos profesionales, homologaciones, etc.) y en la propia reestructuración interna de la Agencia y su proyección exterior. A este nuevo marco legislativo y normativo se ha sumado el hecho de que, en 2023, viviéramos el adelanto de las elecciones generales, un Gobierno en funciones, un cambio de adscripción de Ministerio –al pasar de Universidades a Ciencia, Innovación y Universidades–, una prórroga de presupuestos, etc. Todo esto ha convertido el primer año en la dirección de ANECA en un ejercicio especialmente complejo desde el punto de vista de la gestión. Por tanto, el esfuerzo ha sido ímprobo y no exento de dificultades, pero al mismo tiempo está siendo apasionante dirigir ANECA en un momento tan crucial para el sistema universitario. La limitación de recursos con la que contamos y la exigencia de los plazos para la puesta en marcha del nuevo sistema de acreditación estatal se ha compensado con la profesionalidad y entrega de las poco más de ochenta personas que trabajan en ANECA y con la determinación, el compromiso y la dedicación del nuevo equipo directivo.

¿Cuáles han sido las necesidades más urgentes?

Las mayores urgencias, sin duda, han sido las impuestas por la entrada en vigor del RD 678/2023, que regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, aprobado en Consejo de Ministros el 18 de julio y publicado en el BOE el 6 de septiembre. A partir de esa fecha hemos tenido que forzar la máquina para cumplir con todas las tareas y los plazos establecidos hasta llegar al 1 de abril, fecha de inicio de la presentación de solicitudes de acreditación. Hubo que crear treinta nuevas comisiones de acreditación (BOE, 22 de noviembre) y diseñar un nuevo procedimiento para la selección de sus miembros; nombrar a más de seiscientos vocales e incluir, en cada comisión, especialistas en evaluación inter y multidisciplinar y en perspectiva de género; constituir las comisiones antes del 31 de diciembre; aprobar un nuevo código ético antes de tres meses desde la entrada en vigor del Real Decreto (BOE, 29 de diciembre); diseñar y publicar en enero un nuevo procedimiento para la obtención de la acreditación –con cambios muy profundos respecto al anterior, de 2007–; conceptualizar y aprobar en febrero una nueva resolución de criterios para garantizar que la igualdad, la conciliación y la inclusión sean efectivas en la evaluación; diseñar y gestionar un trámite de participación sobre los nuevos criterios de evaluación que hemos querido extender a toda la comunidad universitaria y científica; aprobar y publicar los criterios de evaluación definitivos; adaptar la norma CVN para facilitar un modelo CVA-ANECA; y diseñar una nueva aplicación informática, más ágil y simplificada, para tramitar las solicitudes. Todo esto en siete meses. Verdaderamente hemos vivido en situación de urgencia y estado de tensión permanente, pero hemos cumplido.

¿Alguna dificultad especial añadida al proceso?

El reto añadido ha sido hacer todo al mismo tiempo que manteníamos en funcionamiento el sistema de acreditación anterior. Es importante recordar que, en enero de 2016, las evaluaciones se pararon durante más de un año sin que hubiera un cambio de sistema, simplemente porque se estaban revisando los criterios de evaluación. En esta ocasión, con el cambio de sistema por medio, la maquinaria no se ha parado en ningún momento. Esto era la mayor prioridad para no repetir la situación de 2016, que generó gran frustración en miles de solicitantes.

¿Cómo ha percibido la comunidad científica y universitaria los cambios implementados?

Me atrevo a decir que la mayor parte respalda y agradece todos los cambios. No obstante, somos muy conscientes de la incertidumbre que genera cualquier cambio de sistema de evaluación, porque nuestro contacto con distintos agentes del sistema es constante. Además, hablamos de una comunidad muy diversa. Habrá sectores más reacios o que no compartan plenamente nuestra visión sobre cómo debe evaluarse al profesorado universitario y al personal investigador. Tampoco puede perderse de vista que estamos hablando de un sistema de evaluación masivo (unos 45 000 expedientes al año entre sexenios y acreditaciones) y, por tanto, de las dificultades intrínsecas al diseño de un estándar que aplique de forma justa a todos los solicitantes.

¿Por qué han considerado tan urgente la modificación del sistema de acreditación vigente?

La modificación era un clamor, tanto por la enorme carga burocrática que conllevaba como por reducirse a la contabilidad de méritos o por los inasumibles plazos de resolución. ANECA tenía que posicionarse en el debate ya iniciado hace muchos años sobre la necesidad de reformar la evaluación de la investigación para evitar el uso inapropiado de indicadores cuantitativos, avanzar en el reconocimiento de la interdisciplinariedad y de una mayor diversidad de perfiles académicos y científicos, así como en materia de ciencia abierta y ciencia ciudadana. Es evidente que actuar conlleva riesgos y una exposición máxima a todo tipo de opiniones, pero desde luego la inacción no era una opción.

¿El funcionamiento del nuevo sistema ha respondido a sus expectativas? ¿Cuáles son, a su juicio, las principales mejoras?

Nunca agradeceremos lo suficiente al Ministerio de Universidades que lograra aprobar este nuevo real decreto. Es el instrumento que ANECA necesitaba para dar todos los pasos y para que, desde el 1 de abril, contemos con un nuevo sistema de acreditación estatal simplificado, ágil, que nos permite trabajar con el principio de veracidad y de confianza, se adapta a la primera etapa de la carrera universitaria (ahora de seis años desde la lectura de la tesis doctoral), reequilibra los méritos de docencia e investigación, evalúa calidad y no cantidad y avanza de forma decidida en materia de igualdad, conciliación e inclusión. Necesitamos tiempo para hacer una valoración más completa sobre su funcionamiento, pero creo sinceramente que las mejoras son espectaculares. Destacaría la forma en que va a destensar a los solicitantes y al conjunto del sistema y, de forma muy especial, los efectos que tendrá en la estabilización del profesorado. El hecho de que las acreditaciones a profesor/a titular de Universidad se estuvieran obteniendo a los 40-45 años era absolutamente inasumible y ha expulsado del sistema a mucha gente joven y a mucho talento.

¿La rebaja de requisitos para ser profesor universitario contó con el visto bueno de la comunidad científica?

Me permito matizar que los requisitos en absoluto se rebajan. Se avanza hacia un sistema en el que se evalúa un número limitado de contribuciones, porque lo que nos interesa conocer es la calidad y el impacto del trabajo realizado. Esto no significa que se rebajen los requisitos o que se reduzca el rigor de la evaluación, todo lo contrario. El RD 678/2023 exigía que ANECA abriera un«trámite de participación no vinculante con los actores interesados» para revisar los criterios de acreditación. En la Agencia decidimos no restringirlo solo a los tradicionales –con los que por supuesto también nos hemos reunido–, sino articular una herramienta colaborativa que facilitara la participación y el debate de cualquier miembro de la comunidad universitaria y científica (https://participa.aneca.es/). Durante tres semanas se registraron en la plataforma más de 2800 personas, que realizaron más de 2100 propuestas y casi 3300 comentarios. El análisis pormenorizado de todas las aportaciones por parte del equipo directivo ha sido uno de los ejercicios más enriquecedores y retadores desde nuestra llegada. Ya en el período de información y consulta de los nuevos criterios de sexenios de investigación –noviembre de 2023– recibimos más de 600 aportaciones.

¿Os sorprendió la alta participación?

No, porque ya habíamos detectado las ganas de implicación de toda la comunidad. Es la primera vez que ANECA hace estas consultas y todos han podido comprobar que no se ha tratado de una mera formalidad. Al contrario, se ha escuchado con atención y recogido la mayor parte de las sugerencias recibidas. La participación real y efectiva es lo que más ha legitimado los cambios realizados tanto en sexenios como en acreditaciones. Por supuesto, mantendremos esta forma de operar en todos los programas de evaluación que afectan al profesorado, como ocurrirá este año con el de evaluación de la docencia (programa DOCENTIA).

¿Qué criterios garantizan que el rigor de la acreditación no sea inferior?

No podemos olvidar que la acreditación es una evaluación de mínimos, que garantiza que todas las personas que participen en un concurso de acceso cumplan unos requisitos determinados. Algunos países europeos con mayores problemas de endogamia mantienen este sistema doble en el que, primero, una agencia externa certifica el cumplimiento de esos mínimos y, después, la universidad establece los criterios del concurso de acuerdo con su contexto y necesidades específicas. El rigor lo otorga la autonomía de la Agencia, el diseño del procedimiento y la profesionalidad de sus comisiones de evaluación, que trabajan por pares y de forma colegiada. Ahora, igual que antes, los candidatos tendrán que demostrar la solidez de su trayectoria docente e investigadora y, si procede, de liderazgo y de experiencia profesional. La diferencia es que no necesitamos pedir, por ejemplo, 120 artículos indexados en JCR Q1 para otorgar una acreditación (que con 119 se podría denegar), sino que con solo 15 artículos se debe valorar la calidad y el impacto de la investigación realizada. Es un cambio de enfoque importante que nos asemeja más a otros sistemas europeos. Nunca diríamos que son menos rigurosos.

¿Ha existido una idea errónea sobre la acreditación de la excelencia?

Diría que sí. La acreditación es una evaluación de mínimos, no de excelencia, igual que ocurre con los sexenios de investigación, donde las tasas de éxito superan el 95 %. Estaremos de acuerdo en que esto es claramente distinto a convocatorias como las del Consejo Europeo de Investigación (ERC), donde las tasas de éxito son mínimas. Por esta razón, el nuevo RD 678/2023 deja claro que lo que debe alcanzarse en cada uno de los bloques evaluados es la«suficiencia». Es en la siguiente fase –concursos de acceso que convocan las universidades– cuando, de forma acorde a las necesidades de cada departamento o centro, se podrá establecer un sistema de excelencia si así se decide. Habrá departamentos que quieran hacerlo y otros que no, pero esta no es la labor de las agencias de acreditación. Otra cosa distinta es que, por supuesto, se reconozca la excelencia. De hecho, ahora se establecen medidas para facilitar la concurrencia de profesorado que ha realizado su carrera en el exterior y se fomenta la excelencia a través del reconocimiento automático de programas estatales como I3 o R3, o internacionales como los financiados por el ERC. El anterior sistema de acreditación era increíblemente tedioso y complejo –lo digo por experiencia propia– y se terminó entendiendo como el principal escollo a salvar, restando centralidad a lo que de verdad debe tenerla como es la política de acceso, estabilización y promoción de profesorado que diseñan cada universidad.

¿Supone un reto para ANECA la expansión de las universidades privadas?

Por supuesto, el incremento de universidades privadas que han promovido las comunidades autónomas supone también un aumento evidente de la carga de trabajo que la Agencia debe asumir, y que debiera ir acompasado de un refuerzo de nuestros recursos que no se ha dado. En cualquier caso, estos expedientes se tramitan siempre con el máximo rigor, de acuerdo con la normativa vigente, independientemente de la naturaleza de la universidad que solicita la implantación de un nuevo título de grado, máster o doctorado. Para poder calibrar mejor lo que ha supuesto para ANECA la expansión de las universidades privadas, comparto unos datos muy ilustrativos: en los diez últimos años, las siete universidades que más títulos han presentado a verificación son privadas; en los cuatro últimos años, tres de cada cuatro solicitudes de verificación de títulos fueron remitidas por universidades privadas; y algunas presentan un promedio de hasta veinticinco títulos al año frente a los dos o tres que, de media, pueden llegar a presentar las públicas. Como Agencia, damos servicio a todas las universidades, pero creo necesario abrir un debate sobre las implicaciones que este modelo tan expansivo tiene también para las agencias de calidad, de las que a veces nos olvidamos, y sobre las exigencias en materia de investigación, transferencia e intercambio de conocimiento, que quizás habría que reforzar. No existe universidad sin docencia, pero tampoco debería existir universidad sin investigación e innovación.

Tras la pandemia se disparó el atasco en la resolución de equivalencias de títulos universitarios y homologaciones de estudios en el extranjero. ¿Cuál es la situación actual?

El incremento de solicitudes no se ha visto acompañado de un incremento de los recursos de la Agencia. No obstante, el plazo en el que realizamos los informes de los expedientes que nos remite el Ministerio no supera en ningún caso los seis meses y casi un 80 % se hace en menos de tres. Este último año, la nueva dirección de ANECA ha modificado los procesos para agilizar decisivamente los plazos. Así, ha establecido un protocolo de evaluación con base en precedentes, que permite al Ministerio informar favorablemente sobre las solicitudes de declaración de equivalencias que cuenten con, al menos, un precedente informado favorablemente, en el que el país de origen, la universidad y la titulación coincidieran con los de la solicitud recibida. Esta medida ha tenido un gran efecto. Tras su aplicación, se ha reducido en más de un 80 % el número de expedientes de equivalencias. Respecto a los expedientes de homologación –cuya situación nos preocupa extremadamente por las implicaciones personales y profesionales que tiene para todos los solicitantes–, estamos trabajando para dotar a los informes de mayor transparencia. Se han establecido requisitos de evaluación aplicables para la homologación de títulos extranjeros a los títulos universitarios oficiales españoles que habilitan para el ejercicio de las profesiones de psicología general sanitaria y enfermería. Actualmente trabajamos en requisitos de evaluación aplicables a la homologación del resto de las profesiones contempladas en la normativa vigente. Por primera vez, estos requisitos han sido publicados, lo que permite dotar de una mayor claridad y transparencia al proceso de evaluación.