Las convenciones internacionales son acuerdos entre estados y organizaciones internacionales que se rigen por el derecho internacional. Dentro del ámbito de la seguridad nuclear tecnológica y física y la protección radiológica, España cumple con los compromisos contraídos mediante su adhesión a diversas de ellas. Las distintas convenciones suelen referirse a campos concretos y, a través de ellos, los estados se comprometen voluntariamente a informar de los cambios, en el ámbito de su legislación nacional, de las adecuadas medidas legislativas, reglamentarias y administrativas, así como cualesquiera otras que sean necesarias, para dar cumplimiento a los términos concretos de cada una de ellas. 

Texto: Pura C. Roy | periodista de ciencia 

Para fomentar y garantizar los estándares de seguridad adecuados dentro del mundo nuclear y radiológico por parte de todos los países, en las últimas décadas se han ido alcanzando acuerdos en diferentes aspectos de estos ámbitos mediante convenciones firmadas por la mayor parte de los países concernidos. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha tenido un papel preponderante en su impulso y desarrollo, actúa como depositario y tiene el papel de garante del cumplimiento de la convención, pero conviene recordar que no es una de las partes contratantes, sino que son los países firmantes y las instituciones internacionales adheridas. Y, por tanto, tampoco tiene un papel decisorio. Es un organismo neutral que vela por el cumplimiento de las reglas establecidas. Según Manuel Aparicio, del Área de Relaciones Internacionales del Consejo y Punto de Contacto Nacional para la Convención de Seguridad Nuclear, “el CSN no tiene potestad para firmar ninguna convención, pero hay toda una serie de ellas que nos afectan de una manera u otra”. Los objetivos de dicha convención son conseguir y mantener un alto grado de seguridad nuclear en todo el mundo. 

Lo que implica garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares y los riesgos radiológicos que pueden conllevar para las personas y el medio ambiente. “Esta Convención es de gran importancia para el CSN. Hasta ahora la han firmado 91 partes contratantes, todos ellos países a los que se une Euratom, que participa como entidad propia. Además, a esta convención no solo se han adherido países con programas nucleares, sino que también participan otros que no las tienen”, explica Aparicio. 

Con una periodicidad de tres años, los firmantes de esta convención deben elaborar y presentar un informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a sus obligaciones, que se somete al escrutinio de las restantes partes contratantes de la convención durante un proceso de revisión. 

“Al ser muchos los países que participan, estas revisiones interpares se hacen en grupos y a cada grupo se le asignan entre siete y nueve países para que presenten sus informes y respondan a las preguntas de los demás. Además, y es algo que ocurre con frecuencia, cuando un país está estratégicamente interesado en otro, como le ocurre a España con Portugal, Estados Unidos y Francia aunque no les toque su grupo, pueden trasladar preguntas que sean de su interés, remitiendo las cuestiones al OIEA para su coordinación entre países”.

La última revisión tuvo lugar en Viena, del 20 al 30 de marzo, en la sede de OIEA. Asistieron 900 delegados en representación de las partes contratantes. Entre su prioridades, compartidas en la octava y novena Reunión Conjunta de Revisión de la Convención sobre Seguridad Nuclear, estaban fortalecer las capacidades reguladoras nacionales, teniendo en cuenta los aspectos de seguridad de las tecnologías nuevas e innovadoras; fomentar la colaboración internacional y las misiones de revisión por pares, así  como el fortalecimiento de los mecanismos de preparación y respuesta ante emergencias.

El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi agradeció en esta reunión el gran compromiso internacional para conseguir un alto nivel de seguridad en tiempos excepcionalmente complejos, como son los actuales. Expresó que “la gestión de las circunstancias sin precedentes que afectan a la operación segura de las instalaciones nucleares se ha vuelto particularmente relevante recientemente, no solo por la guerra en Ucrania sino también por lo sucedido con la pandemia de Covid-19”.

Asistencia mutua 

“Después del accidente de la central de Chernobyl, los países firmamos la Convención de Pronta Notificación, al no darse la existencia de una convención general para los Estados. Mediante ella, cuando ocurre un accidente en un país, obligatoriamente se ha de avisar a todos los demás de lo que está sucediendo. Además, junto con la Convención de Asistencia Mutua, se tiene la obligación de ayudar y de asistir al país que está sufriendo el accidente nuclear”, comenta Manuel Aparicio. 

La Convención sobre Pronta Notificación y Asistencia Mutua en caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica requiere que los estados notifiquen al OIEA sobre sus expertos, equipos y materiales disponibles para brindar asistencia. En caso de solicitud, cada Estado decide si puede prestar la asistencia solicitada, así como su alcance y la forma en que se realiza.

Esta convención fue firmada por España el 26 de septiembre de 1986. El Consejo colabora con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en el desarrollo de los compromisos a que obliga esta convención. Además, es la autoridad competente designada en España como punto de contacto y alerta, realizando estas funciones a través de su sala de emergencias.

Como apoyo en estas situaciones el Sistema Internacional de Vigilancia de la Radiación (IRMIS) realiza la evaluación de la situación radiológica y proporciona datos críticos para informar de inmediato a los tomadores de decisiones de respuesta a emergencias. IRMIS está diseñado para apoyar la implementación de la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares al proporcionar un mecanismo para informar y visualizar grandes cantidades de datos de monitoreo de radiación ambiental durante una emergencia. El sistema recopila datos de radiación de más de 6.000 estaciones de seguimiento en todo el mundo, que forman parte de redes operadas a nivel nacional. Recientemente Irak, Jordania, Malasia, Arabia Saudita y Tailandia se unieron al sistema, elevando el número total de países participantes a 48. 

Gestión segura de residuos 

La Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Nuclear Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Residuos Radiactivos es también muy importante para el CSN y su responsable en el Consejo es Marisa Tormo. Fue firmada por España el 30 de junio de 1998. El CSN coopera con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la elaboración de los informes nacionales, en cuya redacción participa también Enresa. Su objetivo principal es alcanzar y mantener en todo el mundo un alto grado de seguridad en la gestión de residuos y del combustible gastado en todas las etapas de su proceso, mediante la mejora de las medidas nacionales y la cooperación internacional, a fin de proteger a las personas y al medio ambiente, tanto en el presente como en el futuro, y prevenir y mitigar los accidentes radiológicos.

En el séptimo informe español se recoge que “del análisis llevado a cabo durante su elaboración, cabe afirmar que, existiendo siempre un margen para la mejora, España cumple con los objetivos, requisitos y medidas contenidos en la convención conjunta, y que se dispone de la infraestructura y la experiencia necesarias para la gestión segura del combustible gastado y de los residuos radiactivos, desde los puntos de vista institucional, administrativo, técnico y económico-financiero”.  

El combustible gastado que se gestiona en España procede de los reactores nucleares instalados. Las centrales son, además y de acuerdo con la convención, instalaciones de gestión de residuos radiactivos. A esto hay que sumar los residuos radiactivos de cerca de un millar de instalaciones del ámbito hospitalario, industrial o científico. 

Protección física   

La Convención sobre Protección Física de los Materiales Nucleares, redactada en Viena y Nueva York en 1980, fue firmada por España en 1986 y ratificada, como Estado miembro de Euratom, en 1991. El término protección física hace referencia a la manera de prevenir, detectar y responder a tiempo ante robos, sabotajes, actos delictivos o transferencias ilegales de material nuclear, y la responsabilidad en esta materia recae sobre el Gobierno de cada estado. En virtud de esta convención, los países firmantes se comprometen a garantizar durante el transporte internacional la protección de los materiales nucleares dentro de su territorio o a bordo de sus buques y aeronaves. En 2005 las partes aprobaron por consenso una enmienda que entró en vigor en 2016. La convención y su enmienda son los únicos instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes a escala internacional en la esfera de la protección física de los materiales nucleares. El CSN es la entidad de contacto de esta convención, junto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transición Ecológica, con las funciones y competencias que cada uno debe asumir para la protección física de la materiales nucleares. 

Para Pedro Lardiez, jefe del Área de Seguridad Física del CSN, “esta convención es el instrumento jurídico vinculante más importante en seguridad física de los materiales nucleares. En estos tiempos complejos tiene una importancia clapara la protección del material nuclear. Hay que tener en cuenta que la convención actúa sobre materiales y sustancias utilizados con fines pacíficos y se excluyen aquellos materiales que son usados con fines militares”.

La adhesión universal a esos instrumentos y la armonización de los marcos jurídicos y reguladores nacionales pueden contribuir de manera importante a combatir el terrorismo nuclear. A lo largo de los años, Pedro Lardiez reconoce no haber sufrido problemas importantes. “Su control es igual de difícil que en cualquier otro delito. El material nuclear necesita ser protegido mediante los estándares establecidos que cada país tiene que adaptar a su marco legal regulador para implementar con eficacia y eficiencia lo dispuesto en la convención. Trabajamos en contacto con la seguridad del estado. Hay una unidad de respuesta especial de la Guardia Civil entrenada específicamente por si hay algún incidente. Además, disponemos de la parte técnica para la incautación de productos con seguridad”. 

El OIEA informa y asesora a los estados sobre los instrumentos jurídicos internacionales correspondientes, y alienta a los estados a adherirse a ellos y aplicarlos. Este organismo emite un conjunto de publicaciones, como la Colección de Seguridad Física Nuclear, donde se recogen toda una serie de directrices. Asimismo, prevé una mayor cooperación entre los estados en lo que se refiere a la adopción rápida de medidas para localizar y recuperar materiales nucleares robados u objeto de contrabando, mitigar las consecuencias radiológicas derivadas de sabotajes y prevenir y combatir delitos derivados de estas situaciones. “Hay 134 estados que han firmado la convención, y deberían firmarlo todos los demás para obtener la mayor eficacia en todo el mundo y así paliar el tráfico ilícito entre países, aunque no tengan centrales nucleares. Hay países de transito o emisores de materiales que deben protegerlos”, explica Lardiez. 

Existen otros instrumentos internacionales que se centran en la seguridad física nuclear. Entre ellos el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, que entró en vigor el 7 de julio de 2007, en el que se exponen en detalle los delitos asociados a la posesión y el uso ilícito e intencionado de materiales o dispositivos radiactivos, así como al uso de instalaciones nucleares o los daños causados a estas. Está concebido para fomentar la cooperación entre los países mediante el intercambio de información y la prestación de asistencia en investigaciones y extradiciones. Además, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó dos resoluciones que abordan, entre otras cosas, la amenaza del terrorismo y la proliferación nuclear. Distintas resoluciones exhortan también a la cooperación nacional, regional e internacional para fortalecer la respuesta mundial a estos problemas y amenazas que se plantean con respecto a la seguridad internacional.

El OIEA presta asistencia, previa solicitud, a los comités de Naciones Unidas en relación con esas dos resoluciones y también a los estados miembros, cuando proceda, para cumplir las obligaciones emanadas de esas resoluciones. 

Las fuentes radiactivas desempeñan una función indispensable en muchos ámbitos, desde la medicina hasta la agricultura, desde la arqueología hasta la seguridad alimentaria. Las fuentes que se utilizan en estas aplicaciones deben manipularse con adecuadas medidas de seguridad tecnológica y física. Por ello, en mayo de 2023 más de 270 expertos jurídicos y técnicos, procedentes de 128 países y de 4 organizaciones internacionales, se reunieron en Viena para examinar los avances logrados en la seguridad tecnológica y la seguridad física de las fuentes radiactivas y para abordar esferas que requieren mejoras. Para enfrentarse a posibles riesgos, el OIEA ha elaborado un Código de conducta que ha sido aprobado este año. “La prevención mediante controles e inspecciones es fundamental. Trabajamos mucho en estas cuestiones. Hasta ahora se han producido algunos robos en España, pero nunca de importancia”, señala Lardiez. 

España es también parte contratante de los Convenios de París y de Bruselas de responsabilidad civil en materia de energía nuclear, suscritos en 1960 y 1964, respectivamente, y que han sido modificados desde entonces y de manera conjunta en varias ocasiones. En estos convenios se establece y acota el alcance de la responsabilidad del explotador de la instalación en la que tiene lugar un incidente nuclear y su obligación de cubrir la misma mediante un seguro o garantía financiera. Asimismo, se dictan reglas especiales que aplican a los daños ocurridos durante el transporte de material nuclear.