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Un residuo radiactivo no llega solo a su destino. Lo acompaña una identidad técnica: de dónde procede, qué radionucleidos contiene, cuál es su actividad, qué forma física y química presenta y qué requisitos debe cumplir el bulto que lo contiene. Esa información condiciona su transporte, el lugar que ocupará, los controles que recibirá y la solución prevista para el final de su recorrido.

La imagen habitual de un almacén, un espacio donde algo se deposita y queda inmóvil, resulta insuficiente. El confinamiento material forma parte de un sistema más amplio: hay barreras de acero y hormigón, pero también criterios de aceptación, autorizaciones, inspecciones, programas de vigilancia, registros, recursos económicos y equipos capaces de intervenir. La seguridad depende de que todos esos elementos sigan formando una cadena.

Cuando alejar parecía resolver

La historia de esta custodia no empezó con las soluciones actuales. Durante décadas, varios países arrojaron al mar bidones con residuos radiactivos acondicionados.

En el Atlántico nororiental fueron depositados más de doscientos mil bidones entre 1946 y 1990, según los datos del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) francés, a más de cuatro mil metros de profundidad. La distancia a la costa y la capacidad de dispersión del océano formaban parte del razonamiento con el que se evaluaba entonces esta práctica.

Conviene evitar una reconstrucción demasiado cómoda del pasado. Los vertidos no se realizaban en ausencia de criterio técnico; se estudiaban emplazamientos y se establecían mecanismos internacionales de control. Lo que ha cambiado es el principio que organiza la gestión. Allí donde se confiaba en alejar y diluir, hoy se exige caracterizar, contener, aislar y demostrar la seguridad de cada etapa.

El Convenio de Londres, en vigor desde 1975, sometió los vertidos al mar a un marco internacional; las enmiendas de 1993 prohibieron el de residuos radiactivos de baja actividad y el Protocolo de 1996 invirtió la regla general, que pasó a ser la prohibición salvo una relación limitada de materiales autorizables.

Los residuos sumergidos no desaparecieron con el cambio normativo. En 2025 y 2026, las campañas NODSSUM (Nuclear Ocean Dump Site Survey and Monitoring), proyecto de cartografiado y seguimiento de los lugares de vertido de residuos nucleares en el océano, regresaron a la zona de vertido con medios impensables en los primeros estudios.

El vehículo autónomo UlyX, en sus primeras inmersiones científicas, localizó con un sonar interferométrico de alta resolución más de 3500 bidones en 165 km². Esa cartografía permitió seleccionar las áreas que en 2026 inspeccionó el submarino habitado Nautile, que tomó muestras de sedimento, agua y biota.

«La primera conclusión es que los barriles están degradados, aunque en grado variable: todos muestran corrosión, algunos están abiertos y con su contenido vertido, y otros completamente desintegrados», resume Javier Escartín, director de investigación del CNRS en la École Normale Supérieure de París y corresponsable científico de NODSSUM. Los equipos han observado también que los bidones sirven de sustrato a la vida abisal y aparecen colonizados por anémonas y corales. Han detectado radionucleidos artificiales con los instrumentos de a bordo, pero evaluar su dispersión, biodisponibilidad y posible impacto ambiental depende de los análisis de laboratorio en curso.

Sus respuestas introducen un matiz importante en la lectura histórica. Las zonas de vertido y las cantidades aproximadas eran conocidas; la incógnita era la posición exacta de los recipientes. Los estudios de impacto de los años ochenta no disponían de la cartografía actual, y sus medidas no podían situarse respecto a cada barril. «No se trata en ningún caso de identificar el origen de los barriles y establecer su trazabilidad», precisa Escartín. El objetivo, añade, es desarrollar métodos de muestreo, protocolos y experiencia aplicables a futuros estudios científicos y ambientales.

El cambio de principio

La gestión contemporánea comienza antes de que exista el bulto. El primer objetivo es reducir la generación de residuos en la medida razonablemente posible y separar los materiales según sus características. Después se suceden la caracterización, el tratamiento, el acondicionamiento en una forma estable, el almacenamiento, el transporte y, para las corrientes que cuentan con una solución final, el almacenamiento definitivo. Cada paso debe ser compatible con el siguiente: compactar o solidificar un material no resuelve nada si el resultado no puede transportarse, aceptarse en la instalación de destino o mantenerse en condiciones seguras durante el periodo previsto.

También ha cambiado el significado de la demostración de seguridad. No basta con afirmar que un sistema es resistente: deben identificarse sus funciones, los sucesos que podrían afectarlo y las medidas de vigilancia o intervención. Las instalaciones pasan por procesos de autorización y supervisión; los titulares mantienen responsabilidades operativas, Enresa gestiona los residuos que asume dentro del sistema nacional y el Consejo de Seguridad Nuclear evalúa e inspecciona en el ámbito de sus competencias. La custodia es, por tanto, material e institucional.

El lenguaje distingue, además, entre guardar durante un periodo limitado y proporcionar una solución final. El almacenamiento temporal conserva la posibilidad de recuperar el material para inspeccionarlo, repararlo o trasladarlo; el definitivo está concebido como el final de la gestión. Confundir ambos crea una falsa sensación de continuidad, ya que una instalación temporal puede funcionar durante décadas, pero su prolongación no la convierte en una solución definitiva.

No existe un único residuo radiactivo

La palabra «residuo» reúne materiales muy distintos: ropa, filtros o herramientas contaminadas; fuentes empleadas en medicina, industria o investigación; hormigones y metales de un desmantelamiento; o el combustible gastado descargado de un reactor. Sus necesidades de gestión no dependen de una etiqueta genérica, sino de propiedades concretas.

La clasificación española para la gestión final considera la actividad inicial y el periodo de semidesintegración de los radionucleidos predominantes. Distingue residuos de muy baja actividad, de baja y media actividad y de alta actividad, con subdivisiones según contengan radionucleidos de vida corta y media, periodos inferiores a treinta años, o de vida larga. El combustible gastado es el principal exponente de los de alta actividad: contiene radionucleidos de vida larga y sigue generando calor tras salir del reactor. De ahí que no exista un contenedor universal.

En España, El Cabril, en Hornachuelos (Córdoba), recibe residuos de muy baja, baja y media actividad que cumplen sus criterios de aceptación. Los de baja y media actividad, acondicionados en bidones, se disponen en contenedores de hormigón y se inmovilizan con mortero; ese conjunto ocupa las celdas de almacenamiento. Los de muy baja actividad tienen celdas propias, excavadas y aisladas con barreras arcillosas y láminas de polietileno.

La llegada de un bulto no es el comienzo de su identificación. Antes de aceptarlo debe comprobarse que su contenido y su acondicionamiento responden a la documentación y a los límites establecidos.   

«Antes de retirar los residuos, Enresa comprueba que cada bulto dispone de un documento de aceptación vigente y que su tasa de dosis y su actividad coinciden con lo declarado por el productor», explica Eva Noguero, directora del centro. «A la llegada a El Cabril se repiten los controles documentales y físicos, y toda la información se carga en el Sistema de Gestión de Residuos, que permite conocer en cualquier momento su identificación, actividad, tratamiento aplicado y ubicación». Esos registros se consideran permanentes. La Instrucción IS-24 del Consejo de Seguridad Nuclear obliga a conservarlos durante toda la vida útil de la instalación, por duplicado y en archivos separados. 

Del agua al almacenamiento en seco

El recorrido del combustible gastado obedece a otra escala. Al descargarse del núcleo, los productos de fisión siguen desintegrándose y generan calor residual, por lo que los elementos permanecen inicialmente en piscinas. El agua ayuda a extraer ese calor y actúa como blindaje frente a las radiaciones ionizantes.

Con el tiempo disminuyen la actividad y la potencia térmica residual. Tras el enfriamiento previsto, y comprobado el cumplimiento de los requisitos aplicables, el combustible puede transferirse a contenedores de almacenamiento en seco. En España se ubican en almacenes temporales individualizados (ATI) dentro de los emplazamientos de las centrales.

Un contenedor debe mantener a la vez varias funciones de seguridad: confinamiento de las sustancias radiactivas, blindaje, evacuación del calor y mantenimiento de la subcriticidad. Los diseños las resuelven de maneras distintas, cuerpos metálicos con bastidores que fijan la geometría del combustible, cápsulas soldadas en módulos de hormigón, y en varios la circulación natural del aire basta para evacuar el calor sin refrigeración activa.

Esa característica suele resumirse como «seguridad pasiva», pero el término puede inducir a error. Pasivo describe el modo en que se cumple una función, por propiedades físicas, gravedad o convección natural, no la ausencia de control. Durante el almacenamiento se vigilan parámetros, se inspeccionan las instalaciones, se conserva la capacidad de actuar y se evalúa el comportamiento de estructuras, componentes y materiales a medida que envejecen.

El 7.º Plan General de Residuos Radiactivos, aprobado en diciembre de 2023, prevé mantener el combustible gastado, los residuos de alta actividad y determinados residuos especiales en los emplazamientos de las centrales mediante una estrategia de almacenamiento temporal descentralizado.

Los siete futuros almacenes temporales descentralizados (ATD) incorporarán los ATI y los medios para mantener y reparar contenedores y garantizar su recuperabilidad, y operarán hasta el traslado de los materiales a un almacén geológico profundo, cuya puesta en marcha se sitúa, dentro de la planificación vigente, en 2073.

La fecha ordena actuaciones, inversiones y necesidades técnicas; no convierte el intervalo en un tiempo vacío. Habrá que operar instalaciones que pueden sobrevivir a las centrales para las que se construyeron, renovar autorizaciones y gestionar el envejecimiento. El cierre de una central no cierra la historia de su combustible.

La barrera que no se ve

Una instalación puede diseñarse para resistir durante décadas, pero ninguna plantilla permanece intacta todo ese tiempo: se jubilan especialistas, cambian contratistas y se reorganizan instituciones. La documentación debe seguir siendo localizable e inteligible cuando ya no estén quienes tomaron las primeras decisiones, y eso no consiste solo en archivar informes: incluye las hipótesis de diseño, los resultados de inspección, los criterios con los que se aceptó un material y la experiencia que permite interpretarlo. Si una organización sabe qué contiene un sistema y por qué se decidió así, puede detectar desviaciones y responder. Cuando esa información se fragmenta o depende de unas pocas personas, disminuye la capacidad de actuar aunque la instalación física no haya cambiado.

Pensar por relevos

El antropólogo Vincent Ialenti, investigador sénior de la Universidad de Tampere, estudió entre 2012 y 2014, durante 32 meses de trabajo de campo, a los especialistas que elaboraban el estudio de seguridad del programa finlandés de almacenamiento geológico. Su investigación encontró el tiempo profundo en un lugar poco espectacular: oficinas, modelos, reuniones, jubilaciones, archivos y relevos profesionales. 

Uno de los episodios que documentó fue la muerte, en 2005, de un especialista al que se refiere con el seudónimo de Seppo. Durante unos quince años había sido uno de los principales modelizadores de la evaluación de seguridad del repositorio, y sus colegas describían el proyecto como «un espectáculo de un solo hombre». Su fallecimiento repentino detuvo en seco parte del trabajo. Buena parte de lo que sabía era conocimiento tácito, adquirido en años de práctica y nunca trasladado a un manual, y él mismo era reacio a documentar las hipótesis de sus propios cálculos. Sus sucesores tuvieron que practicar una suerte de «arqueología forense» de una mente, rastrear carpetas y descifrar notas al margen. Parte del conocimiento pudo recuperarse; otra parte se perdió.

La lección institucional fue dejar de concentrar conocimiento vital en un único especialista y repartir responsabilidades en un equipo más amplio. Ialenti subraya una ironía instructiva: las reformas posteriores, describir las incertidumbres con más transparencia, documentar cómo se construyó cada modelo y dónde estaban sus lagunas, eran precisamente los cambios burocráticos que aquel experto había detestado en vida. Y advierte de que la muerte es la forma más brusca de perder a un experto, pero no la única: la jubilación drena el mismo conocimiento tácito más despacio y, por parecer ordenada, se afronta con menos urgencia.

«Los registros capturan el pensamiento como sustantivo: un artefacto acabado y archivado del pasado. No capturan el pensar como verbo: el juicio vivo que decide qué hipótesis importa, qué modelo merece confianza o cómo sopesar una incertidumbre frente a un plazo», explica. «El verdadero trabajo de la sucesión no consiste solo en transferir documentos, sino en cultivar intérpretes vivos capaces de llevar adelante el razonamiento de sus predecesores».

La lección no obliga a cada profesional a representar mentalmente cien mil años antes de tomar una decisión cotidiana. «Dividir el tiempo profundo en periodos manejables es una condición previa para actuar con responsabilidad con el combustible gastado», sostiene Ialenti. «El cerebro humano no puede abarcar un millón de años de una sola vez. Tomado sin dividir, el tiempo profundo tiende a paralizar», afirma. La segmentación fue lo que permitió a los especialistas finlandeses no quedarse inmóviles ante la escala del problema. El horizonte lejano orienta el objetivo; los periodos próximos lo convierten en inspecciones, revisiones y transferencias de conocimiento realizables. Dividir la responsabilidad en etapas puede hacerla gobernable, siempre que cada una entregue a la siguiente instalaciones seguras, información comprensible y capacidad real de decidir. La diferencia entre una estrategia gradual y una postergación reside en la calidad de ese relevo.

El límite de la vigilancia

El modelo actual ha sustituido la lógica de alejar y dispersar por otra basada en conocer, contener y demostrar. Ha permitido asignar soluciones distintas a materiales diferentes y mantener la posibilidad de intervenir durante el almacenamiento temporal. Pero ninguna de esas tareas sucede una sola vez: la custodia se renueva en cada control, en cada revisión y en cada relevo.

Mientras los residuos permanezcan bajo custodia activa, será posible inspeccionarlos, mantener las instalaciones y actuar si aparece un problema. «Durante la operación, la seguridad vive en las personas: en quienes vigilan los contenedores, en los reguladores que inspeccionan, en las instituciones que miden, mantienen e intervienen», señala Ialenti. «La seguridad pasiva, en cambio, pide que la seguridad emigre de las manos humanas a la materia». Cuando esa cadena se proyecta hacia siglos y milenios, la pregunta cambia: ya no se trata únicamente de quién custodiará los residuos, sino de cómo hacer que sigan siendo seguros cuando la custodia humana deje de poder darse por supuesta.