El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti Scharfhausen, compareció en la tarde de ayer ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados para informar sobre el presupuesto del CSN dentro del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

En su intervención, el máximo responsable del organismo regulador nuclear español expuso que el proyecto de presupuesto de 2017 y sus criterios de elaboración fueron examinados por el Pleno en primera instancia en su sesión del 8 de marzo y aprobados por la unanimidad posteriormente, tal como consta el acta de la sesión del 22 de marzo.

Este presupuesto es igual al del año anterior y asciende a un importe de 46.507.130 €. El Consejo de Seguridad Nuclear se financia fundamentalmente en base a las tasas y precios públicos, que suponen el 97% de los ingresos.

En el presupuesto de gastos, destacó la partida del capítulo I de gastos de personal, que es la que contribuye al cumplimiento de la misión del organismo, y a este respecto, Fernando Marti Scharfhausen quiso recordar y agradecer “el apoyo durante la tramitación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de los años 2014, 2015 y 2016, donde se incluyó al Cuerpo de funcionarios de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica entre los denominados sectores excluidos de la tasa de reposición cero”, lo que ha permitido incrementar la Oferta de Empleo Público y con ello la incorporación de nuevos técnicos al CSN, para paliar las bajas por jubilación de los últimos ejercicios.

Respecto a los gastos, el presidente del CSN incidió en las partidas destinadas a los acuerdos de colaboración con las comunidades autónomas, los acuerdos técnicos de apoyo a las actividades del CSN (para la ejecución, por ejemplo, de los programas de vigilancia radiológica ambiental), las cátedras universitarias y las iniciativas de I+D+i o los gastos destinados a personal, entre los que subrayó las actividades de formación internas, recordando que el regulador nuclear está sujeto a control económico, a nivel interno bajo la modalidad de control financiero permanente, que ejerce la intervención delegada de IGAE en el Consejo de Seguridad Nuclear, y a nivel externo, por el informe que elabora de forma total o parcial el Tribunal de Cuentas.