Alfa 67
Descarga la revista completa El reportaje sobre la evolución de la gestión de residuos radiactivos aborda el cambio desde los antiguos vertidos oceánicos hasta la cultura actual de caracterización, confinamiento y vigilancia, apoyada en los hallazgos de las campañas submarinas NODSSUM en el Atlántico. El espacio dedicado al transporte de material nuclear se adentra en los sistemas técnicos y reguladores que permiten el movimiento anual de millones de envíos, analizando el reto de las denegaciones y demoras en radiofármacos. Por su parte, la entrevista a Silvia Calzón, consejera del CSN, aporta una reflexión sobre la prevención, la cultura de seguridad, la cooperación institucional y la importancia de que las organizaciones sean verdaderamente comprensibles para la sociedad.
El artículo técnico presenta las claves del almacenamiento geológico profundo de residuos radiactivos a partir de un taller internacional en Madrid con especialistas de más de veinte países. Completan el número la propuesta educativa «Aprender ciencia haciendo ciencia» para fomentar el juicio crítico en las aulas, el perfil de la plataforma PEPRI sobre coordinación de la I+D+i en protección radiológica, y la trayectoria de Katalin Karikó en «Ciencia con nombre propio» sobre el desarrollo de las vacunas de ARNm.
TALLER INTERNACIONAL SOBRE LA TOMA DE DECISIONES EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO
El encuentro, organizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), reunió a cerca de setenta expertos procedentes de más de veinte países, así como a representantes de organizaciones internacionales, de la sociedad civil y del sector eléctrico. El taller sirvió como plataforma de reflexión y diálogo en torno a uno de los desafíos más complejos y de mayor proyección temporal del ámbito nuclear: el desarrollo de un almacenamiento geológico profundo para la gestión definitiva del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos de alta actividad.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid acogió en noviembre de 2025 el taller internacional sobre el proceso de toma de decisiones y el papel de reguladores e implementadores en el desarrollo de proyectos de almacenamiento geológico profundo. En el ámbito nacional, se enmarca en las actividades desarrolladas bajo la coordinación del Comité de Enlace del CSN con Enresa y, en particular, del Grupo de Trabajo Tripartito MITECO-Enresa-CSN, en relación con el proyecto de desarrollo de un almacenamiento geológico profundo (AGP) en España. Esta colaboración interinstitucional constituye un elemento clave para garantizar una visión integral y coordinada de los aspectos técnicos, reguladores y sociales asociados a la toma de decisiones en proyectos de almacenamiento definitivo del combustible nuclear gastado y de los residuos de alta actividad. En este contexto, la organización del taller respondió al objetivo de incentivar la comunicación y la cooperación entre regulador e implementador, así como de impulsar el diálogo con otras partes interesadas, de acuerdo con los principios de seguridad y transparencia y con la necesidad de promover la confianza pública. Desde una perspectiva internacional, el taller se concibió como una plataforma para analizar y mejorar los procesos de toma de decisiones en países que cuentan con proyectos de AGP o prevén desarrollarlos, teniendo en cuenta la complejidad técnica, reguladora y social inherente a este tipo de instalaciones y promoviendo una comprensión compartida de los marcos de decisión a lo largo de todas las fases del proyecto.
El taller contó con la participación de cerca de setenta expertos procedentes de más de veinte países. Entre ellos, representantes de organismos reguladores, entidades implementadoras, organizaciones de apoyo técnico y otras partes interesadas, como organizaciones ecologistas y representantes municipales, además de organismos internacionales como el OIEA y la Agencia de Energía Nuclear (NEA) de la OCDE.
El desarrollo y la implantación satisfactorios de un proyecto de AGP requieren un marco de toma de decisiones sólido y transparente. Este debe sustentarse en una estrecha colaboración entre el implementador y los organismos reguladores e involucrar a otras partes interesadas para generar confianza pública y favorecer la aceptación social. Para ello, los actores deben comprender con claridad qué decisiones se adoptarán y cuándo, en qué se fundamentará cada una, qué función desempeñará cada parte y cómo se articulará su participación. El evento se estructuró en torno a dos ejes principales. Por un lado, varios países presentaron sus experiencias sobre el estado de sus proyectos de AGP y las características de sus marcos reguladores y de toma de decisiones. Por otro, se realizaron actividades de trabajo en grupo con el objetivo de trazar la secuencia de decisiones desde la concepción del proyecto hasta la clausura de la instalación, mejorar la calidad de esas decisiones mediante la comprensión de las funciones y perspectivas de cada parte y optimizar la colaboración entre implementadores, reguladores y demás partes interesadas. Asimismo, se abordó el desarrollo de capacidades de todos los actores, de modo que el implementador pueda cumplir los requisitos reguladores, el regulador evaluar eficazmente las solicitudes y el público participar de manera activa e informada.
LA TOMA DE DECISIONES Y LAS FUNCIONES DE LOS ACTORES EN EL PROYECTO DE AGP
En sus intervenciones se subrayó la importancia de las normas internacionales como marco común para la seguridad nuclear, la colaboración entre los distintos actores y partes interesadas en el desarrollo de un AGP y el papel central que debe desempeñar el diálogo social.
Armin Lagumdzija, especialista en seguridad de los residuos radiactivos del OIEA, inauguró las ponencias técnicas con una exposición que situó el almacenamiento definitivo en el marco de las normas de seguridad del organismo para la gestión de residuos radiactivos. Asimismo, destacó los diversos mecanismos que ofrece el OIEA para ayudar a sus Estados miembros a desarrollar el marco normativo y apoyarlos en la aplicación de las normas de seguridad, entre ellos los programas de cooperación técnica, los cursos de formación, los talleres especializados y las reuniones técnicas. También destacó la importancia de establecer un marco legal y reglamentario sólido para regular la seguridad de las instalaciones y actividades, que incluya un organismo regulador independiente, dotado de autoridad y recursos suficientes, conforme a los requisitos establecidos en la norma GSR Part 1 (Rev. 1) del OIEA, relativa al marco gubernamental, legal y regulador para la seguridad. Lagumdzija repasó asimismo algunos de los requisitos más relevantes de la norma SSR-5, aplicables a la disposición final de residuos radiactivos, y recalcó las responsabilidades de titulares y reguladores. En particular, recordó que la responsabilidad fundamental de la seguridad recae en el titular de la instalación, que debe desarrollar y mantener un estudio de seguridad capaz de demostrar el cumplimiento de los objetivos de seguridad a lo largo del ciclo de vida de la instalación. Otra de las ideas clave de su intervención fue que el desarrollo de un AGP debe articularse como un proceso escalonado e iterativo, con decisiones respaldadas por el estudio de seguridad y con una participación activa de las partes interesadas.
LA ESTRATEGIA NACIONAL
A continuación intervinieron los representantes del Grupo Tripartito CSN-Enresa-MITECO, Juan José Montesinos, Elena Vico y Rafael Felpeto, que realizaron una presentación conjunta sobre las etapas del proceso de licenciamiento del AGP en España. En primer lugar, detallaron la estrategia y el marco regulador nacionales para su desarrollo. El 7.º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado en diciembre de 2023, establece una hoja de ruta de ocho etapas que se extiende hasta 2100 y prevé el inicio de la operación del AGP en 2073. El proceso se apoya, entre otros antecedentes, en las recomendaciones de la misión combinada IRRS-ARTEMIS del OIEA realizada en España en 2018.
España cuenta con antecedentes de varias décadas en la búsqueda y el estudio de soluciones de emplazamiento para un AGP. Enresa, de acuerdo con las estrategias recogidas en las sucesivas ediciones del Plan General de Residuos Radiactivos, trabajó desde mediados de la década de los ochenta en el desarrollo de esta solución mediante el Plan de Búsqueda de Emplazamientos, que incluyó, además del proceso de selección, el desarrollo de diseños conceptuales y de programas de I+D asociados. Tras una primera etapa de elevada prioridad, la estrategia nacional pasó a concentrar sus esfuerzos en el almacenamiento temporal del combustible gastado y de los residuos de alta actividad. Con la aprobación del 7.º Plan General de Residuos Radiactivos se retomaron las actividades para el desarrollo del proyecto AGP conforme a las etapas definidas en la hoja de ruta. En diciembre de 2025 concluyó la Etapa 1 de «actualización de conocimientos», con un informe final elaborado por Enresa y actualmente se encuentra en la Etapa 2, de «adopción del marco legislativo».
Juan José Montesinos, subdirector de Tecnología Nuclear del CSN, destacó que el papel del organismo, como regulador independiente, incluye el desarrollo del marco normativo técnico aplicable al AGP y la participación en un proceso escalonado de licenciamiento, sustentado en evaluaciones rigurosas de aspectos como el estudio de seguridad, los diseños genéricos y la seguridad a largo plazo. Asimismo, corresponde al CSN emitir los informes preceptivos previos a la concesión de las autorizaciones, favoreciendo la transparencia y la confianza pública.
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE REFERENCIA
A lo largo del evento, representantes de más de veinte países expusieron el estado de sus programas de AGP y ofrecieron una panorámica internacional de los distintos enfoques reguladores, técnicos y de participación social. Especial interés revistieron las exposiciones de los organismos reguladores y de las entidades implementadoras de dos de los programas de AGP más avanzados: los de Finlandia y Francia. Estas intervenciones permitieron contrastar las perspectivas de los dos actores principales y sus respectivos enfoques del proceso de licenciamiento, así como el objetivo compartido de desarrollar instalaciones seguras y robustas a largo plazo.
El organismo regulador finlandés, STUK, describió su función a lo largo del ciclo de vida del proyecto Onkalo. En Finlandia, de acuerdo con los principios de seguridad del OIEA, la responsabilidad fundamental de la seguridad recae en el titular, Posiva, mientras que STUK establece los requisitos reguladores, evalúa la seguridad y supervisa su cumplimiento. El proceso se articula mediante autorizaciones sucesivas y un diálogo continuo con el operador, especialmente relevante para gestionar las incertidumbres inherentes a un proyecto de estas características. El representante de STUK subrayó, además, la utilidad de disponer de cauces de comunicación tanto formales como informales entre regulador e implementador.
La experiencia del proyecto Onkalo ilustra cómo el enfoque regulador evoluciona en cada fase, desde la I+D y la selección del emplazamiento hasta el diseño, la construcción y, finalmente, la fase de operación. STUK dispone de un sistema detallado de guías técnicas sometido a revisión y actualización. Durante la presentación se subrayaron asimismo la transparencia del proceso, la participación de múltiples actores, incluido el municipio anfitrión, y la necesidad de una supervisión técnica rigurosa.
Por su parte, Posiva describió el desarrollo del proyecto como un proceso iterativo y adaptativo, en el que los cambios de diseño forman parte del avance del programa a medida que se incorpora nueva información, con el objetivo de alcanzar una solución robusta y tan sencilla como sea posible. La entidad destacó la conveniencia de utilizar, en la medida de lo posible, componentes comerciales estándar (off-the-shelf), en lugar de soluciones diseñadas específicamente, porque pueden simplificar la implantación y favorecer la fiabilidad y la sostenibilidad a largo plazo. También hizo hincapié en la necesidad de mantener una comunicación transparente y un diálogo continuo con el regulador. En este contexto, el representante de Posiva señaló como cuestión central la gestión de las incertidumbres residuales del estudio de seguridad y el tratamiento de escenarios de muy baja probabilidad y consecuencias a muy largo plazo. También planteó la conveniencia de disponer de orientaciones internacionales que permitan valorar de forma más homogénea la relevancia de esas incertidumbres en los proyectos de AGP.
En relación con Francia, Annabelle Quenet, jefa de la División de Comunicación y Diálogo con la Sociedad Civil de Andra, presentó el proceso de licenciamiento del proyecto de AGP francés (Cigéo), desde la perspectiva de la entidad implementadora. La solicitud de autorización de construcción (demande d’autorisation de création, DAC), presentada por Andra, constituye el procedimiento necesario para autorizar la construcción del centro; el almacenamiento de residuos requerirá, posteriormente, las autorizaciones correspondientes a su puesta en servicio y explotación. Según explicó Quenet, en el proceso de toma de decisiones participan múltiples actores: el Parlamento y el Gobierno, que establecen el marco legal y de política pública; el territorio de acogida, situado en los departamentos de Meuse y Haute-Marne; la sociedad civil, a través de distintos mecanismos de información y participación, y la Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection (ASNR), organismo regulador encargado de la evaluación de la seguridad. La comunicación y el diálogo constituyen pilares del proceso francés. Andra garantiza la transparencia con la publicación de documentación sobre el proyecto y desarrolla acciones de información dirigidas a los públicos local y nacional, mientras que el procedimiento regulador incorpora mecanismos formales de participación pública. La encuesta pública relativa a la DAC de Cigéo se desarrolló entre mayo y julio de 2026.
Olivier Lareynie, responsable de la unidad de gestión de residuos radiactivos de la ASNR, presentó el estado de la evaluación de la solicitud de autorización de construcción de Cigéo. La revisión técnica se estructuró en tres grandes bloques: los datos de entrada, la seguridad durante la operación y la seguridad a largo plazo. Según lo expuesto durante el taller, el estudio de seguridad había alcanzado un grado de madurez global adecuado para esta etapa, aunque se habían identificado aspectos que requerían información complementaria. En aquel momento se situaba la posible emisión de la autorización en el horizonte de 2027-2028.
El regulador francés también destacó las acciones de participación pública desarrolladas desde la fase previa al licenciamiento. Junto con la federación de comités locales y Andra, se impulsó un programa de «diálogo técnico», basado en talleres y consultas, que permitió a organizaciones de la sociedad civil, comités locales y expertos no institucionales reforzar sus capacidades técnicas y plantear preguntas y preocupaciones. La ASNR subrayó, además, que este compromiso con el diálogo social genera beneficios recíprocos: fortalece la capacidad del regulador, mejora la transparencia y la confianza en el proceso y contribuye a robustecer la seguridad mediante la incorporación de perspectivas diversas. Durante el encuentro se presentaron los procesos de selección de emplazamientos y los marcos de decisión de otros países, entre ellos Canadá, China, Ghana, Malasia, Rumanía, Polonia y Lituania.
Stephen Dooley, de Nuclear Waste Services (NWS), organización responsable del desarrollo del futuro almacenamiento geológico profundo en Inglaterra, presentó los avances del proceso de selección de emplazamiento, basado en la idoneidad técnica y en el consentimiento de la comunidad potencialmente anfitriona. La política británica exige que exista un emplazamiento adecuado y que la comunidad confirme su disposición a albergar la instalación mediante una «prueba de apoyo público» (test of public support). Dooley explicó un enfoque basado en tres pilares: disposición de la comunidad, idoneidad del emplazamiento y viabilidad del programa, evaluados mediante un marco formal y documentado de toma de decisiones. En cuanto a la regulación, señaló el papel de la Environment Agency y de la Office for Nuclear Regulation en las fases correspondientes de evaluación y autorización del proyecto, sin atribuirles la selección inicial del emplazamiento.
También se analizó el marco de toma de decisiones del programa belga de la mano de Frédéric Bernier, experto del organismo regulador FANC, quien describió el contexto singular de un proyecto de AGP, marcado por la existencia de incertidumbres, la imposibilidad de disponer de pruebas directas de seguridad que abarquen escalas temporales tan extensas y la participación de múltiples partes interesadas a lo largo de varias generaciones.
El regulador belga destacó que el marco de decisión se concibe como un proceso progresivo, trazable y susceptible de revisión, en el que los estudios de seguridad evolucionan de forma gradual en cada fase. Las decisiones se apoyan en la optimización de la protección radiológica y en la evaluación de la seguridad operacional y a largo plazo, y requieren un enfoque explícito para gestionar y reducir las incertidumbres.
También se subrayó la existencia de un diálogo estructurado entre el regulador, la entidad responsable de la gestión de los residuos y la sociedad civil, con el objetivo de promover una cultura de seguridad compartida y comprendida por las partes interesadas. Según lo expuesto, la política nacional adoptada en 2022 estableció la disposición geológica profunda como solución de referencia y el calendario del programa no prevé una autorización del AGP antes de 2060.
INTERCAMBIO DE OPINIONES
Las jornadas incluyeron sesiones de trabajo en grupo con representación equilibrada de reguladores, implementadores y otros actores de distintos países. Cada grupo abordó un tema específico relacionado con el proceso de toma de decisiones en el desarrollo de un AGP. Los debates se centraron, entre otras materias, en las funciones de los distintos actores durante el desarrollo del proyecto y la selección del emplazamiento; el marco regulador y la financiación; la decisión inicial de optar por un AGP y la comunicación con las partes interesadas; y, finalmente, el desarrollo de capacidades, el concepto técnico y las actividades de I+D. Como cuestiones transversales se analizaron la información de base necesaria para adoptar cada decisión, las responsabilidades del regulador y del operador, los asuntos que deben abordarse en cada fase, los medios más eficaces de interacción y las capacidades y competencias requeridas para desempeñar cada función.
Los participantes en los grupos de trabajo destacaron el valor del intercambio de perspectivas internacionales y del debate entre los distintos actores del sector.
La jornada de clausura contó con las intervenciones de Víctor Marcos, director general de Planificación y Coordinación Energética del MITECO; Pilar Lucio, vicepresidenta del CSN; Anna Clark, jefa de la Sección de Residuos y Seguridad Ambiental del OIEA, y Mariano Navarro, director técnico de Enresa. Los ponentes pusieron en valor este tipo de encuentros como instrumento para integrar los aspectos técnicos, reguladores y sociales asociados a la toma de decisiones en los proyectos de AGP, reforzar la cooperación entre regulador e implementador y favorecer el conocimiento público del programa español de almacenamiento definitivo del combustible nuclear gastado y de los residuos de alta actividad.
LA VISIÓN DE OTROS ORGANISMOS
El programa se completó con intervenciones monográficas de la NEA y del OIEA sobre iniciativas internacionales relacionadas con el desarrollo de los AGP.
Morgan Packer, especialista en gestión de residuos radiactivos de la NEA, presentó el trabajo del grupo de expertos RIDD, creado para promover un diálogo constructivo entre reguladores e implementadores durante el desarrollo de proyectos de AGP. El grupo actúa como foro neutral y centra buena parte de su actividad en la fase previa al licenciamiento. Entre sus objetivos figuran estructurar un diálogo eficaz a largo plazo, abordar la gestión de incertidumbres y preservar la independencia de los reguladores, en coordinación con otras iniciativas internacionales.
Packer expuso las principales aportaciones del grupo, entre ellas el informe publicado en 2024 sobre el diálogo entre reguladores e implementadores durante la fase previa al licenciamiento, que identifica buenas prácticas como la definición clara de expectativas regulatorias, la combinación de cauces formales e informales y una comunicación abierta. Asimismo, el grupo trabaja en una hoja de ruta genérica para adaptar ese diálogo a las características de cada programa nacional. También subrayó la importancia de delimitar con precisión las funciones de cada actor, preservar la independencia del regulador y garantizar la transparencia de la comunicación con las partes interesadas.
Por su parte, Armin Lagumdzija explicó que el OIEA estaba desarrollando un documento técnico (TECDOC) destinado a orientar a los organismos reguladores en su preparación para la supervisión de programas de AGP. Su objetivo es mejorar la comprensión de las actividades preparatorias que un regulador debe considerar, especialmente durante las fases previas al licenciamiento y sus primeras etapas. La iniciativa pone el acento en la necesidad de un marco legal claro, en las interacciones tempranas y estructuradas con el futuro titular y con las instancias nacionales responsables de la toma de decisiones, y en la capacidad del regulador para emitir juicios sólidos en presencia de las incertidumbres inherentes a proyectos de tan largo plazo.
El documento aborda cuestiones como las competencias específicas que debe desarrollar el regulador, técnicas, jurídicas y de comportamiento organizativo, la asignación de recursos y la evolución de esas necesidades a lo largo del programa.
Asimismo, dedica especial atención a la gestión de incertidumbres mediante un enfoque progresivo de identificación, análisis y tratamiento, acompañado de planes que permitan demostrar que las etapas futuras podrán cumplir los objetivos de seguridad. Según se indicó, la publicación del TECDOC, prevista para 2026, aspira a servir de apoyo para que los reguladores mantengan su independencia y credibilidad al tiempo que fomentan un diálogo constructivo y transparente con las partes interesadas.
CLAVES DEL TALLER
El taller permitió identificar una serie de mensajes comunes a los distintos programas nacionales de almacenamiento geológico profundo, con independencia de su grado de avance. El primero es que el desarrollo de un AGP no puede abordarse como una decisión única, sino como un proceso progresivo, escalonado y transparente, en el que cada etapa debe sustentarse en una base técnica suficiente y en un marco de decisión previamente definido.
Un segundo mensaje fue la necesidad de delimitar con claridad las funciones y responsabilidades de cada actor. El titular o implementador debe asumir la responsabilidad fundamental de la seguridad y desarrollar un estudio de seguridad robusto y actualizado a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El regulador, por su parte, debe mantener su independencia, establecer expectativas claras, evaluar la seguridad y supervisar el avance del programa sin sustituir al titular en sus responsabilidades.
La gestión de las incertidumbres se consolidó como uno de los elementos centrales del proceso.
En proyectos con horizontes temporales extremadamente largos, la demostración de la seguridad no puede basarse en la eliminación completa de toda incertidumbre, sino en su identificación, análisis, reducción cuando sea posible y tratamiento explícito dentro del estudio de seguridad y del proceso de toma de decisiones.
Otro aspecto recurrente fue la importancia de un diálogo temprano, estructurado y transparente entre regulador, implementador, administraciones públicas, comunidades potencialmente afectadas y sociedad civil. La experiencia internacional pone de relieve que la participación de las partes interesadas y la generación de confianza pública son factores determinantes para la viabilidad social de proyectos de tan largo alcance.
Finalmente, el taller puso de manifiesto la necesidad de desarrollar y mantener en el tiempo capacidades técnicas, reguladoras e institucionales. Para España, inmersa en la reactivación del programa de AGP conforme a la hoja de ruta del 7.º PGRR, estos mensajes resultan especialmente relevantes para consolidar el marco normativo, reforzar la coordinación interinstitucional y preparar las futuras etapas del proceso de licenciamiento.