Hoy se ha celebrado en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la reunión anual de la Comisión Mixta de Seguimiento del Acuerdo de Encomienda de Funciones firmado con el Principado de Asturias. Este acuerdo se refiere a las funciones de inspección y control de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría en los ámbitos de la investigación, el diagnóstico y/o los tratamientos médicos y los usos industriales de fuentes y equipos radiactivos, así como en las instalaciones que utilizan aparatos de rayos X, junto con la inspección de transportes de material radiactivo.

La delegación asturiana, que ha estado encabezada por el director general de Industria y Telecomunicaciones, Manuel Monterrey, ha sido recibida por el secretario general del CSN, Manuel Rodríguez Martí, quien ha estado acompañado de otros miembros del organismo regulador.

La jornada de trabajo ha permitido analizar y evaluar conjuntamente las actividades realizadas por la comunidad autónoma el año pasado -en cuanto a inspecciones de instalaciones radiactivas y transporte de materiales radiactivos-, así como planificar las actuaciones que se llevarán a cabo a lo largo de 2019 en el ámbito de la encomienda. 

Asimismo, entre otros asuntos, se han compartido temas de interés común relacionados con las funciones encomendadas, como la aplicación de la nueva instrucción del CSN sobre protección física de fuentes de alta actividad, el estado de la transposición de las directivas de seguridad nuclear y protección radiológica o la misión IRRS-ARTEMIS de la que fue objeto el regulador español en octubre del pasado año. Por ambas partes, se ha valorado muy positivamente el desarrollo del Acuerdo de Encomienda.

El CSN tiene la facultad de encomendar a las comunidades autónomas el ejercicio de funciones que le estén atribuidas, como establece la disposición adicional tercera de la Ley de Creación del organismo regulador. El objetivo de los acuerdos de encomienda es conseguir una mejor ejecución de las funciones propias del CSN utilizando las capacidades de las comunidades autónomas, prestando, por lo tanto, a los administrados y a la sociedad en su conjunto un servicio más eficaz y eficiente, y aproximando los órganos administrativos a los ciudadanos.

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